Entrevista por Nicolás Blanco Rodríguez 

  –¿Cómo evalúa el proceso de negociación colectiva desde la constitución de la Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada?

 –Directa o indirectamente, he seguido el trabajo que SADOP ha hecho por conseguir que el sector empleador acepte negociar colectivamente. Está claro que los docentes son trabajadores en condiciones de estar “convencionados”, porque una cuestión es tener Convención Colectiva de Trabajo, y otra es estar habilitado legalmente para tenerla. Por otro lado, la Ley 13.047 (Estatuto para el Personal de los Establecimientos Privados de Enseñanza) está desmembrada, es decir, está derogada parcialmente. De manera que se rigen por esa ley para las obligaciones del docente, pero prácticamente no tienen derechos reconocidos; tienen estabilidad para el sumario pero no para el despido. Estas contradicciones, esta situación de grave desprotección frente a un empleador –caracterizado en general por ser bastante autoritario en la relación laboral–, hace que la negociación colectiva y el Convenio Colectivo sean un instrumento fundamental para los derechos de las trabajadoras y los trabajadores docentes.

 –SADOP tuvo que llevar a cabo acciones gremiales para poder sentar a los patrones a la mesa de negociación. ¿Cuáles son las particularidades que tienen las cámaras empleadoras de los docentes privados?

 -Es un sector complejo, principalmente conducido por una parte de los colegios confesionales. Conociendo a sus autoridades, puedo afirmar que tienen temor a la negociación colectiva más por desconocimiento que por negarles derechos a los trabajadores. Las cámaras no se sentaban en el Ministerio de Trabajo porque no quieren darle a la relación de empleo un carácter laboral que en sí misma tiene. Por eso fue muy importante la participación del Ministerio de Educación: la voluntad que puso el Ministro Alberto Sileoni, sumada a la actitud de lucha del sindicato, lograron que se pueda constituir el ámbito y que se pudiese firmar un primer Acuerdo Marco, el cual establece los principios fundamentales para continuar con la negociación.

 –El primer Acuerdo Paritario aborda los modos de contratación de los docentes. ¿Por qué es importante plantear desde el comienzo un tema tan sensible?

 –Hemos realizado inspecciones en colegios, y encontramos establecimientos, por ejemplo en San Luis, que contrataban de marzo a noviembre; durante diciembre, enero y febrero el docente no percibía salario, aguinaldo ni vacaciones; y volvían a ser contratados en marzo. Eso es un típico fraude laboral. Los profesores de materias especiales son los más desprotegidos del sistema, y tienen que aceptar contrataciones de tiempo determinado –de marzo a diciembre–, quedando además con la duda de si al año siguiente van a ser llamados para continuar la relación laboral. Entonces, es importante que el docente tenga estabilidad, aunque sea una estabilidad impropia en la que no pueda ser indemnizado en caso de despido. Esos parámetros tienen que establecerse en la negociación de un modo claro, determinando la continuidad laboral: es un trabajador permanente aunque tenga prestación discontinua; presta servicios en un período determinado de tiempo; o con una cantidad de horas determinadas.

 –¿Es necesario generar otros mecanismos de control para evitar ese tipo de contrataciones?

 –En realidad es fundamental que el sector patronal tome conciencia de que esta forma de contratación es en fraude a la ley. No está permitida. Subsidiariamente al vacío que ha producido la Ley 13.047 con sus derogaciones parciales, se aplica la Ley de Contrato de Trabajo, que no permite el contrato a plazo fijo ni eventual, sino en condiciones muy estrictas. Aparte, al cabo de un tiempo, en un contrato a plazo fijo el trabajador pasa a estar en relación de dependencia por tiempo indeterminado. Por lo tanto, el sector patronal tiene que entender que no solo hace una concesión en el Convenio Colectivo, sino que está cumpliendo con una normativa vigente.

 –¿Cómo se puede controlar el fraude laboral?       

 –Prohibiendo la contratación por tiempo parcial. La actividad docente no requiere contratación eventual. Si se da el caso, por ejemplo, que una maestra o profesora se embarace, ahí puede jugar la figura del eventual en la cobertura, como existe el suplente. Para esos casos está pensada la eventualidad. Ahora, si en la currícula hay como materias permanentes dibujo artístico o música de cámara, ese profesor tiene que ser permanente, aunque dé clases una vez por semana. La figura es relación de dependencia por tiempo indeterminado con prestación temporaria, y existe en muchas actividades. Así por lo menos el trabajador cuenta con una relación de dependencia consolidada; si el empleador no lo convoca, puede darse por despedido y cobrar indemnización.

 –En relación a otras actividades, ¿cómo es la situación de los docentes privados en cuanto al empleo no registrado?

 –Gracias a las denuncias de SADOP hemos encontrado en el interior del país –lamentablemente– mecanismos de fraude y tercerización, más que trabajo no registrado. Por ejemplo, profesores que debían facturar en lugar de ser considerados en relación de dependencia. El trabajador es obligado a inscribirse como monotributista o autónomo, cuando en realidad está en relación de dependencia con un empleador que le da órdenes, materiales, le establece horarios y lo que tiene que dar, además de que la prestación laboral se realiza en su establecimiento. Cuando inspeccionamos, tanto la AFIP como el Ministerio de Trabajo detectamos trabajadores que facturan sólo al mismo prestador.

 –¿Hay sectores dentro del sistema educativo que consideran la educación como un servicio o un negocio?

 –Desde el punto de vista de los establecimientos privados, si son confesionales o tienen algún vínculo con embajadas o colegios públicos de un país –como el Liceo Francés–, consideran a la educación como un servicio o prestación pública, ya que en el país de origen es así. Por su parte, muchos confesionales surgieron como complemento a una educación pública que resultaba insuficiente. En el caso de otros tipos de colegios, lamentablemente, son llevados como un negocio por administradores que no tienen idea de pedagogía. A veces, eso afecta no solo a la relación con los docentes, sino también con los alumnos y los contenidos.

 –¿Y en cuanto al rol social del docente?

 –Durante los últimos paros estuvo de moda hablar si la docencia es un servicio público o no. Es un tema difícil de definir, como la salud, porque aprender y enseñar son servicios a los que la población tiene derechos constitucionales a acceder. Por otro lado están los intereses de los docentes, que no dejan de ser trabajadores por el hecho de estar afectados a un servicio de este tipo. Y no fue declarado por la legislación como servicio esencial deliberadamente; cuando escribimos ese artículo de la ley, lo discutimos a la luz de lo que la OIT acepta: la educación primaria, secundaria y universitaria no es servicio esencial porque entiende que la huelga en esas actividades se resuelve en un tiempo breve. Pero es un problema cuando la huelga dura una cantidad de días que puede poner en riesgo el ciclo lectivo. Algunos fallos de tribunales superiores de provincias, como Mendoza o Neuquén, declararon la ilicitud del paro, entendiendo que prevalecían los derechos del niño por encima del derecho de huelga. Por eso, hay que ser muy prudente cuando se declara una medida de fuerza en la actividad educativa, ya que como el transporte y la salud, se afectan intereses muy sensibles y se le producen daños a terceros que no pueden resolver la cuestión. En mi opinión, en la Provincia de Buenos Aires la huelga tuvo una duración excesiva. Por eso también es importante establecer en los convenios colectivos y los acuerdos marco mecanismos de autocomposición del conflicto, donde las partes se sienten a negociar antes de declarar una medida de acción directa. Entonces, si surge un problema, una dificultad, si hay que discutir salario, que las partes tengan una determinada cantidad de tiempo para buscar resolverlo en reuniones privadas. Si fracasan las reuniones, recién ahí pasar a medidas. En la última Paritaria Nacional Docente participé como presidenta, se llevaron a cabo muchísimas reuniones, del Estado por un lado, de los sindicatos por otro. No se podía encontrar un punto de inflexión. Sin embargo, ambas partes teníamos la absoluta buena fe en la negociación.

 –En la negociación colectiva, SADOP se apoya en su Primera Encuesta sobre CyMAT de los Docentes Privados. ¿Qué papel juega la información sistematizada en este tipo de acuerdos?

 –La información y el Balance Social son temas que hay que poner en los convenios, sin perjuicio que estén en las leyes generales. La información es el sustento del principio de buena fe al negociar. Por su parte, el empleador o la cámara empresaria debe facilitar datos, especificando cuál es el futuro de la actividad, si se van a crear o limitar puestos de trabajo, si habrá nuevas modalidades, si se incrementará la actividad del establecimiento. Es obligatorio que esos datos se pongan en la mesa de negociación, si no se vulnera el deber de buena fe que establece que las partes deben darse información recíprocamente.

 –¿Podría especificar cómo está compuesto el Balance Social?

 –El Balance Social refleja el estado contable y económico de la actividad, del establecimiento, además de traer datos vinculados con el empleo: cantidad de trabajadores contratados, posibilidades de crecimiento o de reducción de la plantilla, etc. Si se trata de empresas o establecimientos dedicados a la industria: incorporación tecnológica, capacitación, etc. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el futuro de la empresa en los siguientes dos años. También debe especificar cómo está la empresa desde el punto de vista patrimonial, a qué aspira o cuál es su proyecto de continuidad. Para los sindicatos es lo más importante, y algunos los reciben permanentemente porque está especificado en su Convenio. En este sentido, tiene que ser un conjunto de información clara, con contenidos que sean accesibles y pensados para que llegue a los trabajadores y al sindicato.

 –¿Los sindicatos pueden solicitar el Balance Social?

 –Sí. Diría que, si bien está en la ley, son muy pocos los sindicatos que lo piden. Es una pena. Para los grandes establecimientos es obligatorio, pero en el Convenio Colectivo se puede especificar que lo sea para todos, porque es el mismo balance que se presenta en personas jurídicas y en el Ministerio, por lo que ni siquiera le genera a la escuela un problema o una instancia burocrática más. Pongo el ejemplo del Guido Spano, una escuela tradicional que cerró de un día para el otro por estar manejada por un contador y dueños que no tenían criterios pedagógicos. Si el sindicato hubiese tenido acceso a las dificultades de continuidad de esa escuela a tiempo, se hubiesen tomado otro tipo de medidas. No se pudo hacer, y quedaron un montón de chicos en la calle, aunque después se pudo resolver por acción de los padres y del gobierno. Entonces, la información no solo resulta fundamental para negociar colectivamente, sino también para tomar medidas precautorias frente a cualquier crisis y así evitar la pérdida de puestos de trabajo.

 –En cuanto al aporte estatal a los colegios de gestión privada, ¿se puede trasladar el atraso en la percepción del subsidio al pago de los sueldos?

 –El aporte estatal se estableció hace mucho tiempo por el rol que cumple la escuela confesional de subsidiariedad de la escuela pública. En la mayor parte de los establecimientos que reciben subsidios, los salarios y las cargas sociales de los docentes son abonados por el Estado Nacional. Es una política de Estado y no va a cambiar. Eso no quiere decir que sea el empleador de los trabajadores. Además, se hace a través de un presupuesto que es inelástico, y pueden ocurrir atrasos. Entonces, el empleador de los trabajadores –el propietario o la administración de la escuela– debe tener recursos propios para pagar los sueldos, sin perjuicio que, cuando llegue el subsidio, pueda compensar las cuentas.

 –Cuando las jurisdicciones no se adecuan a las leyes o estatutos vigentes, ¿se puede generar un perjuicio en el avance de la Negociación Colectiva?

 –Creo que por el contrario. Tanto en el sector de la educación privada como ahora en el sector de la educación pública –donde SADOP también participa– el Ministro Sileoni ha convocado a negociar colectivamente un Convenio Marco, que incluso ha sido muy resistido por un sector de la docencia, que tenía miedo que eso derogara el Estatuto del Docente. El Convenio Marco va a mejorar un Estatuto que es antiguo y fue modificado en muchas oportunidades por diversas circunstancias. Inclusive, por las características de la prestación de la enseñanza, el Estatuto no tiene la misma vigencia que antes. Entonces, este Convenio Marco que firma SADOP, luego se lleva a las distintas jurisdicciones, ayudando a que aquellas díscolas en el cumplimiento de la ley, tengan una normativa que resulte obligatoria y sancionatoria en caso de incumplimiento.

 –¿Cuáles son a su entender los temas que resultarían más urgentes para tratar en las próximas Actas Acuerdo?

 –Mejorar todo lo que tiene que ver con la condiciones de trabajo. Por ejemplo, cuando durante las Paritarias Federales se discutió el tema del presentismo, todos decían que no lo querían. En realidad, la idea del presentismo en esa negociación tenía que ver con una mayor regularización de la educación. Como ocurre siempre: hay docentes que faltan demasiado y otros que hacen una legua a caballo para ir a la escuela. Entonces, toda generalización es equivocada. Mario Almirón hizo un aporte que nos hizo reflexionar: “para que el docente no falte tienen que estar dadas las condiciones de salud y salubridad para trabajar”. El tema pasa por no tener, por ejemplo, aulas container donde las paredes son de cartón y el docente debe gritar desmesuradamente para que el alumno escuche, entonces tiene más posibilidad de quedar difónico o tener algún problema respiratorio.

 –¿La situación social tiene que estar contemplada?

 –En 2001 y 2002 la escuela pasó a ser el único receptor de la crisis en muchos lugares; abrían para darle de comer a los chicos más carenciados, y el docente tenía que cuidar de la salud psicofísica del alumno antes que enseñarle Matemática o Lengua. El docente se enfrenta con situaciones difíciles de manejar, porque no todos los niños son iguales y tienen problemas de disciplina, de agresividad física y psíquica, muchas veces alimentados por su propio grupo familiar. Tanto en la escuela privada como en la pública, al docente hay que acompañarlo con un gabinete psicofísico. Un alumno con actitud complicada, hiperactivo o con algún tipo de violencia, que genera crisis en el aula, le resulta muy difícil de manejar al maestro. Entonces tendrían que jugar los gabinetes psicofísicos y toda una estructura que actúe, porque el docente no tiene por qué, ni sabe cómo, controlar determinadas situaciones. Las condiciones de salud y salubridad son fundamentales porque el docente tiene que saber que está cubierto por la conducción de la escuela, y así poder manejarse en determinadas circunstancias. La sociedad ha cambiado y es violenta en todo el mundo. Entonces, va a ser fundamental lo que en el Acta se ponga sobre Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

 –¿Qué otros temas particulares a la docencia tendrían que contemplar los acuerdos?

 –Las condiciones de higiene, el acceso a los nuevos medios, la reorganización de las licencias, los derechos del maestro suplente. Hay una amplísima gama de contenidos para agregar. Están los nuevos derechos: el acoso sexual; el mobbing o asedio laboral, ya que un director puede transformarse en un enemigo de los docentes, o generar un clima de violencia física o psíquica que le imposibilite al trabajador estar al frente de una clase. También está el problema de la droga en los colegios secundarios. Hay una serie de temas que tienen que ver con la participación del docente para cambiar y adecuar la escuela a los nuevos tiempos.

  –El horario laboral y el período vacacional suelen ser temas sensibles al docente de cara a la sociedad.

 –Como muchas cosas en Argentina, eso parte de la falta de investigación. El periodismo ha perdido calidad y todos opinan de cualquier cosa sin tener la menor idea. Yo soy docente universitaria, doy clases dos veces por semana en la Facultad de Derecho (UBA), y a pesar de dar la misma materia hace 35 años, me siento una o dos horas antes a esquematizar la clase. En este momento tengo 50 trabajos prácticos, de diez páginas cada uno, que voy a corregir en casa, en mi tiempo. Eso se puede trasladar a cualquier docente, y es algo que también se vincula con el ausentismo. Entonces, resulta fundamental la organización de los puestos de trabajo de los docentes, que no tengan que deambular por la ciudad sino concentrar las horas en el mismo establecimiento. Eso también hace a la calidad de la docencia y a la salud del trabajador. Estos temas se analizaron cuando se habló del presentismo: hay que evaluar una serie de condiciones por las cuales el docente puede concurrir todos los días a clase. Y en cuanto a los dos meses de vacaciones, es absolutamente relativo, porque hasta finales de diciembre la mayoría no termina con la tarea interna, y en febrero empiezan a anotar a los alumnos. En realidad tienen un mes y medio como muchas otras actividades a las que la sociedad no se los reprocha.

 –En referencia a la Formación Docente, ¿cuáles deberían ser los aspectos para hacer hincapié?

 –Más que el contenido, habría que cambiar la metodología, hacerla más dinámica porque los chicos son hiperactivos. En este sentido, la incorporación tecnológica es indispensable. El abandono escolar se produce entre los 15 y 17 años, principalmente por desinterés en las materias. Si bien hay materias esenciales que forman parte de la educación media, hay otras cuyos contenidos se pueden actualizar. Entonces, si fuera posible que cada alumno tenga una computadora personal, y trabajar, investigar, buscar qué les despierta interés. Agarrar el libro de Historia de (Cosmelli) Ibañez, que es aburrido por sí mismo, no es lo igual que poner una dinámica de debate entre la tradición histórica y el revisionismo. Por ejemplo, organizar un debate en clase donde tres chicos estudien a (Juan Manuel de) Rosas desde la mirada de Pacho O’Donnell, y tres desde la mirada de (Bartolomé) Mitre, les va a encantar. Pero todas las horas que ocupa el docente en capacitación y formación tienen que ser consideradas como horas de clase porque van a redundar en beneficio de los chicos y de la escuela. Hasta desde la mirada más cruel de un negocio: una escuela con mejor calidad se difunde entre los padres, y va a aumentar la matrícula.

 –El Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes, ¿qué aportes trae a los estatutos y leyes que rigen el trabajo docente?

 –Los gremios nacionales pueden firmar un Convenio Marco, que por un tema de jurisdicciones, después se articulará provincia por provincia con los contenidos y las especificidades de cada lugar. El Convenio Marco tiene que tener los principios generales, los derechos y deberes que tienen todos los docentes, trabajen en La Quiaca o en Ushuaia, además de contemplar condiciones de higiene y seguridad, nuevos derechos, la capacitación y la formación. Es un convenio general que establece el piso mínimo, debajo del cuál ningún trabajador puede ser obligado a cumplir tareas. A partir de ahí, los convenios sectoriales se enriquecen con las características de cada actividad. Inclusive, el Convenio Marco puede establecer una escala de profesionalización docente, y, después, los convenios articulados establecerán cómo se llena esa escala con un valor económico, de acuerdo a los salarios que se paguen en cada provincia. Es igual que la Paritaria Nacional o el Salario Mínimo Vital y Móvil en la actividad privada: un piso mínimo de referencia.